La corrupción en América Latina ¿Qué sigue?

Cilustracion-blog-corrupcion-232x300omo reseña a un artículo recientemente publicado en Foreign Affairs Latinoemérica, en un post anterior analizamos cuatro factores que ayudan a explicar por qué, en los últimos años, han salido a la luz más escándalos de corrupción en Latinoamérica. Ahora intentaremos mirar para adelante, presentando las principales tendencias que marcan el futuro de la región con respecto a los escándalos de corrupción.

En primer lugar las estructuras actuales de gobierno seguirán siendo sacudidas en diversas direcciones a lo largo y ancho de nuestra región y del mundo. Impulsada por el “internet de las cosas”, la ola a favor de la transparencia llegó para quedarse. Hoy en día los ciudadanos pueden expresar de manera instantánea y directa sus demandas y frustraciones. Los gobernantes, por su lado, también utilizan las nuevas tecnologías para llegar con mayor rapidez a los ciudadanos, sea para servirlos mejor o para conseguir más votos. De cualquier manera, es indiscutible que la política actualmente baila al compás de tweeter y facebook, lo cual al final del día es un gran acicate para que los gobernantes actúen.

Si hay algo que caracteriza a las redes sociales es su espontaneidad y su capacidad de irrupción. Buen ejemplo de ello es la Ley 3de3 en México. Esta norma nace de una iniciativa de la sociedad civil impulsada por la Plataforma Ciudadana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para hacer que los servidores públicos mexicanos divulguen tres declaraciones: su declaración patrimonial, declaración de intereses, y declaración fiscal. También define reglas claras de comportamiento y ejemplaridad para los servidores públicos, y establece sanciones más duras para los corruptos. Por último, establece 10 tipos de corrupción incluyendo actividades como la obstrucción a la justicia, el uso de información confidencial, y el nepotismo.

Lo interesante de este caso es la rapidez y efectividad con la que se pasó de una iniciativa ciudadana a una propuesta de ley. Gracias al eco generado por las redes sociales, más de seiscientos mil ciudadanos mexicanos sumaron su firma a la iniciativa en menos de tres meses. Esto llevó a la toma en consideración y aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por parte del Congreso Mexicano, que fue incluida en el primer paquete de medidas que del Sistema Nacional Anticorrupción en junio de 2016.

Como segunda tendencia, podemos anticipar que las reacciones de las clases dirigentes ante estas sacudidas seguirán siendo muy diversas. No todos los gobiernos de la región tienen la voluntad política y el entramado institucional necesario para navegar de manera efectiva los cambios que acompañan a la ola de la transparencia. Las reacciones que pueden esperarse de los políticos se cristalizarán en tres grandes escenarios:

(i) los que se suban a la ola y la aprovechen para promover políticas que tengan el objetivo de brindar mejores servicios al ciudadano;

(ii) los que intenten esquivarla, esfumándose de la esfera política y refugiándose en el sector privado;

y (iii) los que quieran frenarla, ahogándose en el intento.

El caso de Uruguay es paradigmático para explicar cómo se puede vincular transparencia y mejoría de los servicios públicos, poniendo al ciudadano en el centro de la toma de decisiones. Con el apoyo del BID, la actual administración se ha comprometido con la digitalización del 100% de los trámites públicos para el final de este quinquenio presidencial (2014-2019). Y ya se están dando pasos concretos para cumplir con este objetivo, a partir de un conjunto de metas medibles. Esta experiencia, además de ser muy importante para todos los uruguayos, ya constituye una fuente inspiración para otros países en la región.

En tercer lugar, podemos esperar que haya una creciente atención a las debilidades institucionales que facilitan la corrupción en los niveles sub-nacionales de gobierno. El foco pasará a estar en las ciudades. Una encuesta de opinión pública realizada por el BID en cinco grandes urbes latinoamericanas, Megaciudades e infraestructura en América Latina: lo que piensa la gente, para conocer la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la calidad de vida, las necesidades de infraestructura urbana y los estándares de los servicios públicos arrojó que la seguridad ciudadana y la transparencia son las prioridades centrales para los habitantes de grandes urbes. Por ello, no es de extrañar que municipalidades como Quito en Ecuador o Bahía Blanca en Argentina ya están apostando fuertemente a la apertura de datos, creando portales web para transparentar su información.

Como última tendencia, podemos esperar que la corrupción sea progresivamente aceptada como uno de los principales frenos a que los ciudadanos tengan mejores oportunidades y servicios públicos. Y en este sentido anticipamos una notable ampliación del concepto de corrupción ante la mirada de los ciudadanos —la cual incluye, por ejemplo, la evasión de impuestos, que se trata de otro delito tipificado como tal—. Según la encuesta Latinobarómetro 2016, la corrupción es percibida como uno de los principales problemas en trece países de la región, y en cuatro de ellos —Bolivia, Brasil, Chile y Perú— es uno de los dos mayores problemas que impacta la población. Varios estudios académicos recalcan que la corrupción en América Latina puede erosionar el apoyo a la democracia y también la eficiencia de servicios como la salud o la educación, entre otros.

En otras palabras, los ciudadanos en nuestra región asocian a la corrupción con la baja calidad y limitado acceso a los servicios públicos. Es tiempo de que veamos a esto como una gran oportunidad.

Este articulo fue publicado originalmente en: Gobernarte

SOBRE LOS AUTORES

juan-cruz-vieyra11Juan Cruz Vieyra se incorporó al BID en 2006 y actualmente es especialista en la División de Capacidad Institucional del Estado. Se ha especializado en operaciones destinadas a fortalecer la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información. Antes de integrarse al Banco, fue investigador en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Católica de La Plata y ayudante de investigación en la School of Advanced International Studies, Universidad de Johns Hopkins. Cuenta con una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Católica de La Plata y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es doctorando en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Sigue a Juan Cruz en Twitter @jcruzvieyra

alejandro-baron-220x300Alejandro Barón es Consultor en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Alejandro es especialista en economía política y trabaja sobre asuntos relacionados con la mejora de la transparencia en la inversión pública y el fortalecimiento institucional para la gestión de la información en América Latina. Antes de unirse al BID, Alejandro trabajó en el think tank FRIDE, y cofundó dos iniciativas de sociedad civil para mejorar el conocimiento de la juventud española sobre las instituciones europeas. Alejandro tiene una Maestría en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad Johns Hopkins (SAIS), y es Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Sigue a Alejandro en Twitter @abarongg

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